¿Jubilación y pensiones?¡Vaya plan!

Poco podía imaginarse la llamada ciudad de las tres culturas y antaño sede cortesana que en la España contemporánea cada vez que se evoca su nombre por parte de los gobernantes se sobresaltan jóvenes y ancianos. Mas no aparentemente a causa de ningún temor divino sino más bien por el viento gélido procedente de nuestro maltrecho sistema de pensiones.

Tras la larga travesía del gobierno en funciones por los complejos vericuetos del laberinto político, el nuevo ejecutivo debuta amenazando con una nueva vuelta de tuerca al pacto toledano. Ciertamente, las arcas de la Seguridad Social continúan menguando pese a la recuperación de cotizantes, lo que nos debería llamar a reflexión sobre las bondades limitadas del ajuste salarial y las consecuencias de tanto empleo fiscalmente bonificado. Mientras no seamos capaces de crear lugares de trabajo con más valor y mejor remunerados no solventaremos la crisis de ingresos.

En el fondo para contingencias de la Seguridad Social tan sólo queda un tercio de la provisión existente hace cinco años. En este mismo periodo la cotización media ha caído un 8%. Y al ritmo que avanzan los acontecimientos, la paga doble pendiente a los pensionistas tal vez acabe llevándose a final de año la mitad de las reservas existentes.

De manera que, por mucho que el factor demográfico amenace ruina, obviar que el sistema también presenta un roto vergonzante por el lado de los ingresos es un ejercicio tan sesgado como imprudente. Pero el viento reformista sopla por la popa de la austeridad y, como es habitual por estas lides, acometimos las reformas tarde y mal, en plena crisis financiera y a la brava.

Es bien sabido que la sostenibilidad del sistema de pensiones depende esencialmente de la relación entre pensionistas y cotizantes a la Seguridad Social y entre la pensión media y la cotización media. Así, si pretendemos mejorar el escenario financiero del sistema, podemos ampliar recursos, reducir costes o ambas cosas. Pero las reformas adoptadas atienden exclusivamente al objetivo de disminuir la pensión media del futuro. Unos cambios legislativos que empezarán a dejar sentir sus efectos en apenas cinco años.

Para empezar, reduciendo la pensión inicial que cobraremos en el momento del pase a la jubilación, pues se amplían los años base para el cálculo de la pensión, aumenta el tiempo de cotización necesario para cobrar la pensión completa y se introduce un factor corrector basado en el aumento de la esperanza de vida. Además, cobraremos la pensión dos años menos, pues se retrasa la edad legal de jubilación. Finalmente, se introduce un factor de revalorización que probablemente conduzca a que la evolución de la pensión durante muchos años esté por debajo de la inflación.

Con el paso del tiempo, la tasa de sustitución será muy inferior. Es decir, la pensión que recibiremos estará muy alejada del último salario que percibimos. Las reformas nos convierten pues en más corresponsables de nuestra renta futura, exigen complementar el sistema público mediante pensiones privadas y empresariales y obligarán a un mejor trato fiscal al ahorro. En este contexto, una exigencia primordial para el nuevo gobierno es promover el ahorro a largo plazo como instrumento esencial de provisión para el futuro, pues la previsión financiera sigue siendo tarea pendiente o misión imposible para gran parte de la sociedad española.

Se ahorra lo que se puede, nos dirán acertadamente. Pero, aunque su forma de gestión sea similar no deben confundirse los fondos de pensiones con los fondos de inversión, pues su naturaleza y finalidad son bien distintas. En fondos de inversión nacionales e internacionales hay invertido casi el triple de patrimonio que en fondos de pensiones. Y aunque se ciernen oscuros nubarrones sobre el futuro, hay un 10% menos de partícipes de fondos de pensiones que cuando estalló la crisis financiera. En la actualidad, casi 8 millones de participes han invertido en fondos de pensiones individuales un patrimonio superior a los 68.000 millones de euros. El 70% de dicho patrimonio está invertido en cartera interior (activos financieros españoles) y el 75% en títulos de renta fija o garantizada. Además, aunque apenas benefician a dos millones de trabajadores y asociados, si a las aportaciones individuales añadimos los fondos promovidos por empresas o asociaciones el patrimonio total configurado por los planes de pensiones se sitúa ligeramente por encima de los 100.000 millones de euros.

Conviene tener muy presentes las características de estos productos financieros. Los planes de pensiones son productos de ahorro a largo plazo que están diseñados para cubrir determinadas contingencias, principalmente la jubilación o la incapacidad laboral. Su objetivo fundamental es proveer prestaciones de carácter privado que sean complementarias, no sustitutivas, de las pensiones públicas. De modo que su carácter es por naturaleza intrínsecamente voluntario. Sin embargo, la esencia e intensidad de las dos recientes reformas emprendidas inexorablemente aboca a la mayoría a proveernos de un complemento de ahorro para garantizar una renta digna en el momento de la jubilación.

Los planes de pensiones individuales se agregan en fondos de pensiones que pueden tener una entidad muy distinta. Como se trata de productos de ahorro voluntario a largo plazo, existen diferentes tipologías de planes de pensiones que tratan de adaptarse a las preferencias distintas de los ahorradores, tanto en su horizonte temporal como en su tolerancia al riesgo. De ese modo, los fondos de pensiones se dividen en categorías determinadas por los activos financieros que configuran la cartera en que invierten, tanto nacionales como extranjeros. Por un lado, los que invierten en títulos de renta variable (acciones de empresas). Por el otro, los que invierten en renta fija a largo o corto plazo (deuda soberana, bonos de empresas, activos del mercado monetario).

Se trata pues de productos con un riesgo de mercado, que es distinto en función de la composición de los activos financieros que integran el fondo. A fin de minimizar dichos riesgos y tratar de obtener una rentabilidad que supere la inflación, muchos fondos se estructuran a partir de carteras ampliamente diversificadas de activos. En realidad, la mayor parte de fondos no tienen un carácter puro, de modo que frecuentan los fondos de pensiones llamados mixtos, que combinan en distinta proporción títulos de renta variable con títulos de renta fija. Finalmente, también existen los llamados fondos de pensiones garantizados.

Pese a que, como norma general, el plan de pensiones no puede rescatarse antes de la jubilación, existen algunos supuestos legales que otorgan una mayor flexibilidad al proceso, principalmente relacionados con situaciones de invalidez, desempleo a largo plazo o ejecución de vivienda. También es importante resaltar que, en caso de fallecimiento del partícipe, el beneficiario designado o, en su ausencia, los herederos podrán rescatar los derechos consolidados en el plan de pensiones.

Por tanto, dado que los horizontes temporales y los perfiles de inversión son diferentes para cada individuo, cualquier edad es adecuada para empezar a ahorrar a fin de cubrir las contingencias asociadas a la jubilación o incapacidad laboral. Además, no existe ningún importe mínimo ni exigencia alguna de realizar periódicamente contribución alguna al plan de pensiones. Sin embargo, un compromiso estable con el ahorro exige la obtención de una fuente estable y adecuada de rentas como también un trato fiscal favorable.

Es precisamente en la dimensión fiscal donde debe recaer el principal atractivo de los productos de ahorro a largo plazo. Los planes de pensiones gozan de beneficios fiscales que usualmente tienen forma de reducciones de la base imponible del IRPF. Actualmente esta reducción es como máximo de 8.000 euros o del 30% de los rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas obtenidos por el contribuyente. También se permite la aportación de un máximo de 2.500 euros al plan de pensiones del cónyuge en caso de que disponga de rendimientos netos inferiores a los 8.000 euros anuales.

El incentivo es notable pero las políticas de ajuste presupuestario han dejado malherido y maltrecho al producto, pues en su formulación actual ha perdido gran parte de su atractivo económico-fiscal. Dado que las aportaciones rescatadas en el momento de la jubilación se consideran rentas del trabajo, éstas se integran en la base general para calcular el IRPF, de modo que el ahorro acaba transformándose en la práctica en una mera estrategia para diferir el pago de impuestos. Las últimas modificaciones fiscales han reducido este inconveniente, pues han introducido una bonificación transitoria del 40% para las aportaciones realizadas antes del 31 de diciembre de 2006, siempre que se cobren en forma de capital (es decir, de una sola vez). Además, han facilitado la mayor liquidez del producto facilitando el rescate de las aportaciones realizadas a partir del 1 de enero 2015, una vez haya transcurrido un periodo mínimo de diez años.

En lo que se refiere a las prestaciones económicas generadas, dependerán tanto del capital aportado por los partícipes como del rendimiento obtenido por el fondo en el que se integrará el plan de pensiones. De modo que el acierto en la gestión del fondo de pensiones por parte del promotor será crítico en la rentabilidad que se pueda conseguir.

Finalmente, resaltar que las entidades financieras y las compañías de seguros también ofrecen productos de ahorro a largo plazo complementarios o alternativos. Por un lado, los llamados planes de previsión asegurados (PPA), que combinan el plan de pensión con un seguro de vida, ofrecen ventajas fiscales similares a las de los planes de pensiones y garantizan una rentabilidad con un interés mínimo hasta la jubilación. Por el otro, los planes individuales de ahorro sistemático (PIA), que consisten en aportaciones periódicas a un fondo de ahorro con el fin de obtener una renta vitalicia a partir de una edad determinada en el futuro. Estas aportaciones pueden rescatarse con mayor facilidad y ofrecen beneficios fiscales que se acumulan a los establecidos para los planes de pensiones. Finalmente, un producto de prestaciones y características similares son las cuentas individuales de ahorro a largo plazo, que se denominan SIAP en el caso que incluya un seguro de vida.

Europa afronta un problema demográfico severo y España no es precisamente la excepción al proceso. Las proyecciones apuntan un progresivo envejecimiento de la población y si queremos evitar una sociedad futura con ancianos de rentas muy bajas deberíamos actuar ya con presteza. Por si fuera poco, nuestro mercado laboral ofrece sobresaltos recurrentes que amenazan la estabilidad y el alcance de los ingresos del sistema público de provisión social.

No hay reversión del proceso sin un incentivo mucho más firme al ahorro familiar y el fomento de los planes de pensiones corporativos. No sólo se trata pues de garantizar la sostenibilidad del sistema de reparto en que se sustenta la provisión de pensiones públicas, también debe afrontarse la financiación más adecuada de las pensiones asistenciales no contributivas. Y aunque el grueso de la sociedad actual pueda acabar percibiendo que recibirá una pensión de jubilación inferior a la que ahora mismo se imagina, confiar en que una mayor concienciación y corresponsabilidad puedan solventar por sí misma el déficit de ahorro existente sería poco prudente. Una distribución más equitativa de la renta y un diseño de incentivos más adecuado serían de gran ayuda.

(Reproducció de l'article publicat a la Revista Cataluña Económica: Jubilación y pensiones)