¿Es justo el ajuste?
Us reprodueixo l'article que he escrit i ha sortit publicat al suplement Mercados del diari El Mundo del dia 29 d'abril de 2012:
"Durante la transición al euro hizo fortuna la expresión bienvenido
el rigor mientras no sea mortis, fruto de la obsesión por afrontar
los problemas económicos mediante políticas restrictivas que ajustaran
rápidamente los desequilibrios monetarios y fiscales. La economía ha
evolucionado y ganado en complejidad pero la política económica de la eurozona
no ha sabido adaptarse, incapaz de coordinar el reparto de riesgos y obcecada en un ajuste contundente de las
finanzas públicas a costa de crecimiento y empleo.
El Congreso debate un presupuesto que reduce considerablemente el déficit
pero que no calma unos mercados financieros que desconfían de la capacidad del
ejecutivo para corregir desequilibrios. Una mayor confianza general es esencial
en la evolución de los tipos de interés y la inversión empresarial pero esperar
que el déficit se reduzca sostenidamente sin crecimiento y más empleo es una quimera.
Se argumentará que no es la ausencia de crecimiento la que induce movimientos
especulativos contra la deuda pública sino la certeza de que apostar a corto es
rentable. Efectivamente, cambiar este sentimiento de mercado es vital, pero no
a cualquier precio.
Cuando la política fiscal se comporta contra
natura y agrava la recesión es necesario evaluar si el ajuste
presupuestario afecta la igualdad de oportunidades. Los adalides de la
austeridad compulsiva se justifican en la necesidad de reducir el endeudamiento
del país. Olvidan que la condición básica para devolver lo que se debe es
generar ingresos suficientes para poder hacerlo o se cae en un círculo vicioso
que conduce al empobrecimiento general. La mayor parte de la deuda es privada, el
ahorro familiar se destina casi íntegramente hoy a la amortización de créditos
y se han volatilizado ya 250.000 millones de la riqueza financiera de las
familias. La ausencia de nueva financiación, el recorte de prestaciones y la
falta de expectativas de empleo condenan a muchos a sustentarse en su red
familiar, vivir de sus ahorros menguantes, vender propiedades para pagar deudas
o buscar ingresos alternativos en la economía sumergida.
En este contexto se opta por incrementar la presión fiscal. Aunque la
reforma del IRPF es claramente progresiva también es evidente que el aumento de
otros impuestos, tasas y precios (transporte, energía, gasolina…) empeora la
capacidad de los que menos ingresan. En cambio, la reforma no molesta a las
grandes fortunas que refugian patrimonios y camuflan rentas en formas
societarias. Así, mientras las rentas del capital ya representan el 96% de la
masa salarial del país (un hito sin precedente histórico), trabajar en España es
difícil para muchos y pierde atractivo fiscal para los más cualificados o con mejor
trayectoria profesional.
El nuevo presupuesto se acompaña también de una regularización de capital
negro o evadido con generosas condiciones para los defraudadores que lamina la
equidad social. Al permitir tributar a los grandes evasores a un tipo muy
inferior al que correspondería a las rentas ocultadas, el agravio comparativo a
los contribuyentes leales es evidente. Sorprende además que el afloramiento de
capital no se vincule a la compra de deuda pública o la financiación de
políticas de impulso al empleo, si ésas son las grandes preocupaciones del
gobierno. Tampoco parece socialmente justo que, en una economía con una tasa de
desempleo juvenil del 50%, se penalicen políticas que mejoran la productividad
y las oportunidades de crear empleo de mayor calidad (I+D, educación superior, fomento
al empleo o infraestructuras estratégicas).
La política redistributiva es menos intensa en España que en países de la
eurozona que son modelos de estabilidad pero los ignoramos como referentes de
política social. La etapa del boom inmobiliario no ayudó a reducir la
desigualdad entre ricos y pobres y la crisis actual está dibujando una realidad
social todavía más preocupante. Entre 2008 y 2010 la renta disponible de las
familias disminuyó pero la desigualdad aumentó un 9%, un ritmo sin parangón en
la UE. Ahora, la recesión inducida por el ajuste fiscal agrava el riesgo de
disfunción social en un país con una tasa de pobreza que ya alcanza al 22% de
los hogares.
La OCDE expresa su preocupación por los riesgos de una creciente división
social. Recomienda invertir más en políticas de formación y empleo, aumentar la
presión fiscal sobre las rentas más elevadas y garantizar servicios públicos
gratuitos. Revelador del punto donde estamos y de las medidas que adoptamos. En
el pasado, erramos al invertir los impuestos recaudados y los fondos recibidos
de las políticas estructurales y de cohesión sin tener en cuenta su rendimiento
económico y social. Malbaratar esos recursos ha limitado el margen actual de la
política fiscal pero la prioridad económica no debe ser reducir el déficit indiscriminadamente. No ofrecer estrategias de
estímulo a la inversión y el empleo y recortar políticas que no habían
alcanzado los estándares europeos no es aprender de nuestros errores."
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